Julián De Zubiría Samper, Fundador y Director del Instituto Alberto Merani, analiza las diferencias entre el manejo que le dio el gobierno de Uribe y el de Santos a la solución del problema de la calidad de la educación básica

El enfoque administrativo que dominó durante los dos gobiernos de Uribe

En Colombia es muy poco y reciente lo que hemos hecho desde el Estado para enfrentar el grave problema de la calidad de la educación. El gobierno anterior quiso tapar el sol con las manos y de manera sistemática negó el problema, aunque los resultados, incluso los de una prueba tan importante como la del ICFES, mostraron una tendencia levemente negativa para el país entre 2002 y 2009.

Más grave aún: varias medidas tomadas durante el gobierno anterior explican los bajos resultados alcanzados en pruebas de competencias durante la década anterior e incluso los obtenidos en la reciente prueba PISA 2012, los cuales afortunadamente han puesto la educación en el centro del debate público nacional.

El Decreto 230 del 2002 que rigió prácticamente durante los dos gobiernos de Uribe, les quitó a los docentes la potestad para evaluar a los estudiantes y estableció que por lo menos el 95% de los estudiantes deberían ser promovidos al grado siguiente.

Con ello se borró de un plumazo la conquista más grande en defensa de la calidad de la educación que se había alcanzado en la década anterior: la autonomía. La Ley General de Educación de 1994 estableció que las instituciones educativas son autónomas para construir sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y que para hacerlo, deben convocar a la comunidad educativa.

Entendiendo la autonomía como la capacidad para pensar, valorar y decidir que tienen las instituciones educativas, es claro que el Decreto 230 marchaba claramente en contravía. A los profesores en Colombia, desde décadas atrás, se les había entregado el currículo desmenuzado y se supervisaba rigurosamente su cumplimiento. El efecto perverso de esta nueva medida del 2002 fue que siguió debilitando la profesionalización de los docentes.

De otra parte, los rectores de las instituciones educativas fueron gradualmente retirados de las aulas de clase y de las reuniones de profesores y terminaron dirigiendo la formación de sus estudiantes encerrados en sus oficinas y concentrados en resolver los múltiples problemas legales, administrativos y operativos de las instituciones educativas. Se convirtieron en gerentes y administradores, cuando no en abogados.

La autonomía que se impulsó con tanta fuerza en la década del noventa, y que ha sido asociada en múltiples estudios a la calidad de la educación, se llenó de tanto papeleo que, en la práctica, casi desaparece. El PEI pasó a ser un documento para archivar en la oficina del rector, casi exclusivamente para mostrar cuando lo requerían las autoridades; lo ahogaron a punta de las múltiples solicitudes dispersas que les llegaron a las instituciones por parte de sus respectivas Secretarías de Educación.

En sentido estricto, dejó de ser un Proyecto construido colectivamente para servir como elemento de articulación, participación e identidad de la comunidad educativa.

Otra de las variables altamente asociadas a la calidad de la educación, la formación de los docentes, fue abandonada por el gobierno y dejada al libre albedrío de las Universidades; peor aún, en evaluación y selección de docentes, no hubo ningún avance. Los resultados han evidenciado cuan equivocadas fueron estas decisiones: Desafortunadamente siguen siendo los docentes quienes, entre todos los profesionales, obtienen los peores puntajes en las pruebas SABER Pro en lectura crítica, escritura y razonamiento numérico al culminar la carrera.

Para complicar el problema, la inequidad se agravó durante los dos gobiernos de Uribe: los colegios privados comenzaron a mejorar sus resultados en las pruebas SABER, en tanto permanecieron estancados los resultados de los colegios oficiales urbanos; y ante la indiferencia estatal, los resultados de los colegios oficiales rurales caían dramáticamente. Bajo estos modelos, en Colombia hemos construido un sistema educativo altamente inequitativo según género, región y estrato social, el cual tiende a agravar aún más, la alta inequidad social.

Fuente: semana.com

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